El Centro Universitario de Paysandú y el No a la baja. Argumento uno

Entre las diferentes competencias que el Estado le encomendó a la Universidad de la República (UdelaR), se encuentra el estudio y la colaboración en la comprensión pública de temas de interés general. Dentro de esos temas, diferentes equipos universitarios desde el 2012 están estudiando la iniciativa de reformar el artículo 43 de la Constitución de la República, la cual establece, entre otras cosas, el bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años de edad. Luego de sucesivos trabajos la UdelaR define discutir la iniciativa en el Consejo Directivo Central (CDC) y conforma un equipo para procesar el debate. Finalmente, luego del estudio del tema, el CDC en abril de este año define posicionarse en contra de la iniciativa de reforma constitucional y dar a conocer un documento denominado “La Universidad de la República y el debate público sobre la imputabilidad penal para los adolescentes”. Ante esta declaración el Centro Universitario de Paysandú define adoptar la misma resolución (Ver El Telégrafo 27/08/14), y en esta columna presentamos uno de los tres argumentos que llevaron a la Udelar a decirle no a bajar la edad imputabilidad penal.

Quienes promueven aplicar penas de adultos a adolescentes mayores de 16 años afirman que a esa edad ya son sujetos “maduros” y por ende deben recibir penas similares a los mayores de 18 años. Sin embargo, son numerosos los estudios que afirman que en las sociedades actuales, por las dificultades en el acceso a un trabajo que permita la independencia económica, gran parte de la población adolescente demora su ingreso a la vida adulta, con todos los compromisos y obligaciones que eso implica. Este proceso histórico ha llevado al diseño de diferentes políticas sociales que atiendan las cuestiones de la juventud y sus derechos específicos.

A su vez, los adolescentes se encuentran en procesos psicológicos y sociales fundamentales para el desarrollo humano y para el ingreso pleno a la edad adulta. Si bien no se puede establecer una edad precisa para la finalización de dicho proceso, sí existe claridad que es central el lugar de la familia, las instituciones educativas y de la comunidad en general, en todo lo que tiene que ver con el sostén, el cobijo y los límites necesarios para la vida en sociedad. Es por esta razón que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sugiere tomar a los 18 años de edad como un límite socialmente acordado para una ciudadanía integral. Una ciudadanía integral implica poder trabajar sin necesidad de permisos especiales, poder elegir autoridades en las elecciones, y poder ser juzgado con medidas pensadas para adultos. El bajar la edad de imputabilidad a los 16 años enfrenta el problema de los adolescentes de forma simplista y no se ajusta a los requerimientos de una ciudadanía integral.

En un país como Uruguay donde los mayores de 13 años pueden ser privados de libertad si cometen un delito grave, donde pueden mantenerse los antecedentes de los menores si el juez lo considera pertinente, y donde ya existe un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, no parece oportuno profundizar las penas, sino revisar lo que se está haciendo mal y profundizar lo que se está haciendo bien. La sociedad toda puede contar con la Universidad de la República para este trabajo.