Escriben: 

Prof. Agda. Delia Bianchi

Prof. Francisco Morales Calatayud

Polo de Salud Comunitaria Sede Paysandú CENUR LN UdelaR

Seguramente la cercanía de un fin de año atravesado por la pandemia mundial, sea un buen momento para reflexionar sobre la participación. Participación entendida como las formas de tomar parte en decisiones de las cuestiones que nos importan.

Participar supone entonces, tomar decisiones desde las cosas más mundanas, corrientes, hasta las más trascendentes y fundamentales para nuestras vidas y la de nuestras comunidades. Implica también las ideas que nosotros nos vamos haciendo sobre quiénes son los sujetos de la participación.

Quiénes son los sujetos, de qué manera concebimos sus derechos a la participación y los procesos de aprendizaje que esas experiencias nos ofrecen son preguntas claves.

Cuando pensamos en esos tres aspectos, cobra especial significado cuando lo referimos a las personas con discapacidad. Por qué? Porque la concepción del derecho a la participación ha ido modificándose de acuerdo a los cambios históricos, sociales y culturales que han ido aconteciendo en nuestra humanidad.

Esos cambios se expresan a través de los modelos conceptuales y de abordaje de la discapacidad. Uno de ellos, el modelo social, es uno de los que provocó una profunda visibilización de las barreras que los entornos imponen a las personas con discapacidad.

El modelo social (Palacios, 2008), coloca el eje en la identificación y eliminación de los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad (DISCASOC, 2007). Desde una perspectiva histórica, se identifican organizaciones que han sido muy activas e influyentes dentro del conjunto de instituciones que han impulsado la producción de cambios en la comprensión del componente social de la discapacidad. En el contexto internacional; entre ellas han destacado el Movimiento Vida Independiente (Independent Living Movement), cuyos orígenes datan desde la década de los 60 en Estados Unidos. Estudiantes universitarios en situación de discapacidad, desarrollaron sus propios servicios de autoayuda, bajo la denominación “Centros de Vida Independiente”. Luego el movimiento de Disabled Peoples International (DPI), surge a principios de los 80 del siglo XX, adoptando el lema “nada sobre nosotros sin nosotros” (Palacios, 2008). Estos movimientos colocan en la centralidad, la necesidad del protagonismo de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en la toma de decisiones en las cuestiones que les competen e involucran, desplazando la perspectiva de los profesionales y de los familiares y recolocando el discurso de las personas con discapacidad como un discurso propio. Se ha considerado que el modelo social surge a consecuencia de las luchas por la vida independiente, la ciudadanía y los derechos civiles para las personas con discapacidad (DISCASOC, 2007). La construcción teórica del modelo social implica conceptualizar la condición de discapacidad, como una situación relacional, entre la persona y su entorno. En el entorno, la persona se enfrenta con barreras físicas y con estereotipos, limitaciones a la participación y restricciones para el desarrollo de actividades. Esta construcción del modelo social, tiene su correlato en el nivel político, configurando una cuestión de derechos humanos. (DISCASOC, 2007).

Uno de los principales cambios derivados de esta perspectiva es el énfasis creciente en el reconocimiento de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo de las sociedades en que viven, en lugar de considerarlas únicamente desde la óptica de los servicios biomédicos y el bienestar social.

Uruguay, en materia legislativa, ratifica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) en 2008 (por medio de la Ley 18.418), transformándose en uno de los Estados Parte, teniendo que reportar periódicamente a la Organización Naciones Unidas el estado de situación en que está el país con respecto al cumplimiento de este documento internacional. En nuestro país, en el año 2010 se promulga la Ley No. 18.651 de Protección Integral para las Personas con Discapacidad.

La Carta de Ottawa enfatiza los componentes de empoderamiento a nivel comunitario y en el plano individual, en establecer prioridades en la toma de decisiones, así como garantizar el acceso total y continuo a la información y la participación popular en la trayectoria de los asuntos de salud y a las oportunidades de aprendizaje, procesos de capacitación, adquisición de conocimientos y de conciencia política propiamente dicha (Marchiori, 2006)

“Dar lugar a la opinión de las personas con discapacidad para la toma de decisiones, contribuye a romper con concepciones estigmatizadas que ubican a este colectivo como recepcionistas y no protagonistas” (Bagnato y Córdoba, 2017 p.22)

Referencias bibliográficas

Bagnato, M., & Córdoba, J. (2017) La discapacidad, entre el lenguaje técnico – científico y la singularidad. X Jornadas Científicas de Investigación de personas con Discapacidad, Universidad de Salamanca

DISCASOC (2007) La evolución del concepto de discapacidad y la construcción de la identidad social de las personas con discapacidad recuperado: https: .//www.um.es/discatif/INVESTIGACION/DISCASOC_objetivos

Marchiori, P. (2006). Una introducción al concepto de promoción de la salud. En Czeresina, D. Machado de Freitas, C. (Ed.) Promoción de la Salud. Concepto, reflexiones, tendencias Lugar Editorial Bs. As

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [en línea]. Recuperado el 5 de marzo de 2016 de http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Ginebra: OMS

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. CERMI, N 36. Ediciones CINCA: Madrid

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