El reconocimiento social y político pleno a los derechos de las mujeres y en especial el debate sobre la despenalización del aborto acompaña el proceso de recuperación, re-construcción y profundización de la vida democrática en el país y está atravesado por las tensiones inherentes a los procesos de transformaciones culturales profundas que vive una sociedad. Merecen especial destaque las declaraciones del Consejo Directivo Central de la UdelaR (2004, 2007), del Sindicato Médico del Uruguay (2004), los posicionamientos públicos desde el año 2002 a la fecha de la Central Única de Trabajadores (PIT - CNT) y de diversas organizaciones sociales de mujeres, feministas, de derechos humanos, religiosas, etc.

En Uruguay, muchas mujeres, de distintas condiciones y situaciones, transitan cotidianamente por el aborto clandestino, padecen la desprotección jurídica y social, se exponen a los riesgos de prácticas inseguras, deben acudir a oscuros mecanismos para conseguir misoprostol a precios lucrativos (y muchas veces sin certeza de su contenido, fecha de vencimiento y procedencia). Son especialmente las más jóvenes, las pobres o las que no cuentan con apoyo social y/o recursos económicos y de información las que transitan por estas situaciones con mayor costo emocional y social.

Considerar la despenalización del aborto voluntario como un asunto de ciudadanía de las mujeres, de salud pública, justicia social y convivencia democrática es mirar este problema de frente y desde una perspectiva compleja e integral.

Es tiempo que nuestro país ajuste su marco legal colocándose entre los países que reconocen que las mujeres son seres capaces de tomar decisiones éticas sobre la reproducción y la sexualidad, garantizando plenamente todos sus derechos. El tiempo es ahora!".