“Por un lado tiene una función didáctica, los estudiantes del último año de la carrera hacen ejercicio profesional real, consultantes reales, problemas reales y los enfrentan con las pobres armas que tenemos los abogados que son el proceso y los mecanismos judiciales”, expuso. Destacó que además  de esa función estrictamente docente “cumplimos con la Extensión Universitaria prestando un servicio de asistencia que nos permite recibir de la sociedad cuales son los conflictos reales cuáles son los puntos sobre los que la Universidad y las carreras universitarias deben actuar”. 

Uriarte señaló que el consultorio jurídico de la UR comenzó con una sede central en el edificio de la Facultad pero dado que luego se entendió que la ubicación física en ese emplazamiento podía inhibir o dificultar el acceso se descentralizó abriendo consultorios barriales. Indicó que en el Interior se dio el mismo camino y destacó que el Consultorio de Paysandú comenzó como un servicio de atención a la población pero que luego se curricularizó, cumpliendo ya doce años de efectivo funcionamiento. 

PARTICULARIDADES DEL NUEVO PROCESO LABORAL

En la jornada la Dra. Rosina Rossi Albert, Prof. Adjunta de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Universidad de la República (UR) y  Ministra de Tribunal de Apelaciones de Trabajo se refirió al proceso laboral a partir de la vigencia de la Ley Nº 18.572. La Dra. Rossi consideró “muy importante” la invitación del Consultorio Jurídico de Paysandú “para hablar de éste tema e integrarnos universitariamente”. 

En diálogo con éste medio Rossi describió que Uruguay tiene una nueva ley laboral que entró en vigencia el 18 de octubre de 2009 y creó estructuras procesales nuevas, una forma de juicio laboral nueva con el objetivo de agilizar los procesos laborales. 

“La Ley respondió a un dato de la realidad, ya que las estadísticas del Poder Judicial arrojaban que los procesos laborales en primera instancia demoraban un promedio de 17 meses y ese período cuando hay créditos de naturaleza alimentaria es demasiado tiempo”, expresó. Indicó que le nueva normativa nació de la preocupación conjutna del Poder Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia.

“La iniciativa transcurrió trantió por un proceso bastante extenso que terminó con la ley 18.572, que presenta dos tipos de procesos abreviados, limita los plazos de actuación de las partes (del juez y de los juzgados para que de una forma mancomunada se logre el objetivo de reducción del plazo), favorece a la parte que se entiende más débil y le da un perfil distinto del que tenía en el Codigo General del Proceso”, describió.

Rossi resaltó que desde el inicio el proyecto iba a venir acompañada de recursos para poderla acompañar la implementación. “Siempre estuvo el compromiso para que hubiera recursos. La Ley podía tener soluciones buenas en la letra fría pero si no venía acompañada de los recursos para su instrumentación sería de muy difícil implementación”, afirmó. 

Sin embargo enfatizó en que para la buena aplicación del nuevo proceso “no alcanza ni con las buenas soluciones de la ley, ni con los suficientes recursos materiales sino hay una voluntad de los operadores”. La ley “demanda un cambio de cabeza de todos los operadores”, sentenció con firmeza. Indicó que se necesita la capacitación y la actitud de los jueces que “son casi el sujeto principal de los procesos, porque sobre ellos todos los ciudadanos depositamos el voto de confianza de que habrá justicia”. Agregó que para aplicar la ley de la mejor manera posible, también importa la actitud de los profesionales y los funcionarios del Poder Judicial porque “éste nuevo proceso realmente los va a tener que poner una gran exigencia personal”. 

En síntesis, concluyó que para que ésto salga bien se necesita una combinación de elementos y aportó que en materia de capacitación la Escuela Judicial ya realizó una instancia a la formación de los jueces, los defensores de oficio y los aspirantes a jueces sobre los nuevos procesos laborales; paralelamente la UR, el Instituto de Derecho Procesal, en el marco de la Escuela de Posgrados hizo un curso al respecto y el Poder Judicial tiene ya planificado un curso para funcionarios no técnicos y técnicos. “Se visualiza un compromiso de que las cosas se hagan bien”, finalizó Rossi.